Por Franco Cerutti

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) ha emitido una directriz que sin duda generará un intenso debate en la esfera política costarricense: la orden al Presidente Rodrigo Chaves de cesar toda forma de «beligerancia política» que pueda interpretarse como una influencia indebida en el próximo proceso electoral. Si bien la intención declarada del Tribunal es garantizar la equidad y la transparencia de cara a las urnas, esta medida levanta interrogantes sobre los límites de la libertad de expresión y el rol del mandatario en el debate público.
Para el electorado, defensor de un gobierno con una visión clara y un liderazgo fuerte, la decisión del TSE podría interpretarse como un intento de silenciar una voz que ha resonado con una parte importante de la ciudadanía. El Presidente Chaves, desde su llegada al poder, ha mantenido un estilo directo y sin concesiones a la corrección política, conectando con aquellos que valoran la franqueza y la determinación en la conducción del país.
La «beligerancia política», término amplio y susceptible a interpretaciones diversas, podría incluir desde declaraciones en ruedas de prensa hasta publicaciones en redes sociales que, a juicio del TSE, puedan favorecer o perjudicar a determinadas figuras o partidos políticos. Si bien nadie discute la necesidad de un proceso electoral limpio y justo, la línea entre informar a la ciudadanía sobre la gestión gubernamental y ejercer influencia política puede ser difusa.
Es crucial preguntarse si esta directriz no coarta la capacidad del Presidente para comunicar sus logros, defender sus políticas y advertir sobre los riesgos de propuestas de otras fuerzas políticas. Un electorado informado requiere conocer las perspectivas de quienes aspiran a dirigir el país, y la voz del Presidente en ejercicio es innegablemente relevante en este contexto.
Se podría argumentar que la medida del TSE podría ser utilizada por sectores de la oposición para silenciar críticas legítimas y desdibujar la diferenciación ideológica necesaria para una elección significativa. Un debate público robusto se nutre de la confrontación de ideas y la presentación clara de las posturas políticas.
No obstante, también es importante reconocer la preocupación legítima del TSE por evitar que el poder del cargo presidencial se utilice para inclinar la balanza electoral. La equidad en la contienda es un pilar fundamental de la democracia, y cualquier acción que pueda comprometerla debe ser analizada con detenimiento.
La clave reside en encontrar un equilibrio delicado. El Presidente Chaves, como cualquier ciudadano, tiene derecho a expresar sus opiniones. Sin embargo, la investidura de su cargo le otorga una plataforma y una influencia considerable, lo que exige una mayor responsabilidad en sus declaraciones.
En última instancia, la interpretación y la aplicación de esta orden del TSE serán cruciales. Se espera que el Tribunal actúe con la mayor objetividad posible, evitando caer en la tentación de censurar críticas legítimas o limitar la capacidad del Presidente para informar sobre su gestión. El electorado de centro derecha, si bien valora un liderazgo fuerte, también reconoce la importancia de la institucionalidad y el respeto a las reglas del juego democrático. La transparencia y la claridad en los criterios del TSE serán fundamentales para garantizar que esta medida se perciba como una garantía de equidad y no como un ataque velado a la libertad de expresión.